Una de cada tres mujeres sufre violencia física o sexual a manos de sus parejas en la Unión Europea (UE), víctimas de la que todavía hoy sigue siendo la «mayor lacra social» en territorio comunitario.
Así lo demuestran las cifras: en 2015 se registraron unos 215.000 delitos sexuales con violencia en la UE, de las cuales, un tercio son violaciones, según Eurostat (que solo recoge el número de casos denunciados).
Y el 33 % de las europeas -lo que se traduce en un tercio de las mujeres- ha sufrido violencia machista, tal como recoge la Agencia para los Derechos Fundamentales (FRA) en un informe de 2014, el más reciente a nivel comunitario.
«Es la mayor lacra social que existe ahora mismo en Europa», asegura a Efe la europarlamentaria socialista Iratxe García.
Un aspecto en el que coincide la eurodiputada del PP Teresa Jiménez-Becerril: «Hay estudios que señalan que un porcentaje altísimo de mujeres ha sufrido en su vida algún tipo de violencia, y en Europa no ha disminuido».
Una cuestión europea
Se trata de una cuestión, indican, que requiere implicaciones desde una perspectiva europea, con marcos como el que brinda el Convenio Europeo sobre prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul. Un instrumento «imprescindible que da un criterio unificador», según Jiménez-Becerril.
“Aunque no hay datos homologables y comunes, sí hay encuestas que evidencian la necesidad de trabajar a todos los niveles”, aclara, por su parte, Iratxe García.
No obstante, solo un tercio de las mujeres europeas denuncia su situación cuando es víctima de malos tratos.
«En muchos casos, tiene que ver con el desconocimiento de la legislación y la creencia de que presentar una denuncia es un peligro para la víctima», apunta la eurodiputada socialista.
«Necesitamos políticas fuertes para que la mujer se sienta protegida y sepa que no es una realidad aislada y que tiene a la sociedad y los poderes públicos a su lado», subraya García.
El 24% de los europeos conoce algún caso
Sin embargo, la violencia contra las mujeres, lejos de tratarse de casos aislados, es un fenómeno extendido por toda la UE.
Según la última encuesta del Eurobarómetro sobre esta cuestión, de 2016, el 24 % de los europeos conoce algún caso de violencia machista en su entorno más cercano; el 18 %, en su vecindario; el 10 %, en el ámbito laboral. En España, esta cifra se eleva al 25 %.
Las instituciones europeas en Bruselas, como defienden las dos eurodiputadas españolas, deben convertir en una prioridad el evitar la normalización del silencio y dar visibilidad a este problema.
«Los poderes públicos deben mantener vivo el debate y trabajar en materia de sensibilización», manifiesta García.
La dependencia psicológica y económica son otros de los factores que impide denunciar a las mujeres y que, en ocasiones, llevan a que se retire la denuncia, según Jiménez-Becerril.
La UE se ha abordado la prevención del maltrato a través de programas como Daphne, pero el foco de debate abarca también otras cuestiones relacionadas con la desigualdad: según la FRA, el 13 % de las mujeres ha sufrido violencia económica.
«La desigualdad genera situaciones como la brecha salarial o la violencia de género. La independencia económica es un objetivo fundamental para que la mujer no tenga que depender directamente de su maltratador», explica la socialista.
Por su parte, la eurodiputada popular considera «imprescindible» que las mujeres trabajen y que las empresas tengan incentivos para contratar a víctimas de la violencia de género.
Extender la protección a los hijos y las familias
La protección debe extenderse igualmente a sus hijos, que no habían sido considerados víctimas de la violencia machista hasta 2013.
En los últimos cinco años, 27 menores han sido asesinados y unos 200 han quedado huérfanos, cifras que no impiden que en la mayor parte de los casos no se retire la custodia de los padres maltratadores.
Con estos datos, la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, reclamaba esta semana en el Parlamento Europeo (PE) una legislación que proteja a las familias de las mujeres asesinadas y a sus hijos.
«Sabemos que el PE no tiene competencias en materia penal y civil en estos casos, pero pedimos que se hagan recomendaciones a los Estados en materia de Derecho de Familia y empezar a establecer que los comportamientos delictivos contra las mujeres sean un límite al ejercicio de las obligaciones y derechos que establece la patria potestad», manifestó.
La elaboración de estudios que arrojen datos concluyentes en materia de violencia machista a nivel europeo es otras de las demandas que se planean a la Comisión Europea.
«Pedimos más financiación para más estadísticas», declara Jiménez-Becerril, que considera que este es un gran paso para continuar trabajando en la lucha contra la violencia contra la mujer.
Por María Moya (edición: Desirée García y Catalina Guerrero).
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